Los nuevos dueños de Duro Felguera devolverán el préstamo de la SEPI para evitar su entrada en el capital

La ingeniería y fabricante de bienes de equipo Duro Felguera amortizará el crédito participativo de cien millones de euros concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) con el fin de asegurarse de que el grupo público no capitalizará dicha deuda y, con ello, no se complique la incorporación de los nuevos accionistas. La Sepi concedió ayudas a la empresa asturiana por valor de 120 millones de euros en septiembre del año pasado, de los que cien millones tenían forma de crédito participativo y los otros 20 millones, de crédito ordinario. El Principado de Asturias le concedió, además, otro préstamo participativo de seis millones.

Pese a la inyección de estos fondos públicos, las «tensiones de tesorería» que el primer ejecutivo de la empresa, Jaime Argüelles, resaltaba ayer en la presentación de la operación, consumieron dicha partida rápidamente.
Después de varios años a la búsqueda de un accionista de referencia que resuelva los problemas financieros de la compañía, el equipo gestor de Duro Felguera le pondrá una auténtica alfombra roja a los mexicanos Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi) y Tota-Engil México, filial en ese país de la constructora portuguesa Tota-Engil. Entre ambas controlarán -recapitalización mediante- hasta el 54% de la empresa asturiana.

Nuevo consejo

La operación que debe aprobarse en junta extraordinaria convocada para los próximos 12 y 13 de abril en Gijón, conllevará cambios en el consejo que preside Rosa Aza, además de la ratificación como consejera externa de María Jesús Álvarez. Según el actual reglamento, el consejo de Duro Felguera debe tener entre seis y doce miembros. Actualmente lo forman siete vocales más un secretario no consejero. A la presidenta la acompañan José Julián Massa (vicepresidente), Jaime Argüelles (consejero delegado); dos «consejeros externos»: la propia María Jesús Álvarez y César Hernández y dos «consejeros independientes»: los exministros socialistas de Trabajo, Valeriano Gómez, y de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. 

Fuentes conocedoras del proceso señalan que Prodi y Tota-Engil México podrían ocupar tres puestos como consejeros dominicales, en cumplimiento del Código de Buenas Prácticas en vigor.

Pero antes de que ambos se conviertan en accionistas de control, la dirección de la empresa deberá cerrar antes una auténtica panoplia de frentes financieros, administrativos, políticos, laborales y societarios con sus accionistas minoritarios.

El flanco financiero lo representa la banca acreedora con la que mantiene una deuda bruta de 144 millones de euros. La banca no pondrá ningún problema al relevo accionarial ya que la recapitalización les asegura el cobro. Según Argüelles, «le hemos explicado la operación a los bancos y el comentario general es que les parece una gran operación», señaló mientras aseguraba que en lo laboral, «la plantilla cerró la reunión informativa con un aplauso».

Elusión de OPA

Otra cuestión más peliaguda es la legal-administrativa. El que dos empresas actúen de forma concertada para tomar el 54% de una tercera entra claramente en el supuesto de la Ley de Opas que obliga al lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) cuando esa entrada supone la toma de control. Pese a ello, Argüelles subrayó que, al tratarse de una capitalización de créditos (fórmula con la que se incorporarán a Duro Felguera), el supervisor bursátil puede entender que la obligación de OPA es eludible habida cuenta de que se trata de garantizar «la supervivencia de la compañía y asegurar su futuro con socios de referencia, ya que sin la ampliación no podríamos sobrevivir», dijo.

Los nuevos socios aportan créditos por valor de 90 millones de euros que, posteriormente serán capitalizados; lo que dará a Prodi el 30% de Duro Felguera. En paralelo, la empresa ampliará capital en 39,8 millones en la que Tota-Engil México suscribirá toda la parte que no cubran los actuales accionistas. De esa forma los dos grupos mexicanos pueden hacerse con hasta el 54% de la empresa asturiana.

La potencial exigencia de lanzar una OPA afectaría a una parte de la operación. Según Jaime Argüelles, la concesión de los 90 millones en préstamos «no está condicionada a la exención de la OPA; aunque la ampliación de capital, sí».

Desde la compañía se mantiene una escrupulosa prudencia al respecto, aunque parece que, tras meses de contactos con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es factible conseguir ese objetivo.

A la CNMV le seguirá, en el ámbito nacional, conseguir el visto bueno del Gobierno español al ‘cambio de nacionalidad’ de una empresa industrial. La importancia que una empresa fuertemente internacionalizada como Duro Felguera (México, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Catar, Dubái, Canadá y Argelia) ha adquirido en el tejido industrial asturiano en sus más de 160 años de historia es evidente, aunque no tiene porqué convertirse en obstáculo, sobre todo con precedentes de mayor volumen de negocio en el propio Principado como Arcelor Mittal.

Tras ello, empresa y accionistas deberán conseguir el placet de Competencia en Bruselas. En ese ‘frente’ se cuenta con dos grandes argumentos: la larga lista de empresas con las que han contactado en la búsqueda de accionista  estratégico y el hecho de que los dos grupos mexicanos no tienen actividad suficiente en Europa susceptible de alterar el equilibrio del mercado.

Con el apoyo de asesores como la firma de servicios financieros Alantra que preside Santiago Eguidazu o el bufete Velae Legal Group que lidera en España Santiago Estrada, Duro Felguera ha contactado con más de cien potenciales socios que aportaran sinergias e intereses comunes. La empresa asturiana reconoce haber recibido el interés de diecisiete firmas; con las que, según Argüelles, primero «se hizo una lista larga de once empresas y, más tarde, una lista corta de cuatro». Al final han quedado los dos grupos mexicanos.

La próxima etapa: la junta extraordinaria de abril que aprobará las ampliaciones de capital y para la que, antes, deberá haber ‘calmado’ a sus accionistas minoritarios que, de momento, no parecen ver con buenos ojos ese cambio en la propiedad de una empresa a la que llevan años vinculados.